Nota de opinión sobre la reforma constitucional en Santa Fe
Por Dr. Diego Di Angelis, secretario adjunto del Sindicato Municipal de Capitán Bermúdez e integrante del Secretariado de Festram.
Luego de numerosos intentos frustrados, finalmente se ha puesto en marcha la Reforma Constitucional en la provincia de Santa Fe. Sin embargo, lejos de celebrarse como un avance democrático, este proceso se habilita en un contexto político, económico, social y cultural marcado por el retroceso de los principios fundamentales del Estado Constitucional y Democrático de Derecho. La reforma se impulsa en un momento de ofensiva abierta contra los derechos y garantías individuales y colectivos -especialmente los laborales-, lo que pone en riesgo un texto constitucional que, si bien antiguo, ha sido históricamente garante de esos derechos.
Este proceso constituyente, encargado de organizar la vida institucional de las y los santafesinos y de estructurar los órganos del poder público provincial y municipal, no es neutro. En última instancia, lo que se discute es la distribución del poder, y ello se desarrollará bajo la hegemonía de una corriente ideológica que, desde el poder político, judicial y mediático, interpela con vocación negacionista los derechos humanos de todas las generaciones, reduce el rol del Estado y debilita su función como estructura jurídica y política de integración social.
En este marco, bajo la consigna de una “necesaria modernización constitucional”, se intentan disimular los verdaderos objetivos perseguidos: por un lado, habilitar la reelección del actual gobernador, forzando los límites constitucionales bajo los cuales fue electo; por otro, avanzar en el desmantelamiento del Estado provincial, transfiriendo a municipios y comunas responsabilidades que el poder central no desea asumir, pero que solo pueden sostenerse desde una organización estatal de mayor escala.
Tiempo atrás, la deslegitimada Corte Suprema de Justicia de la Nación, en su actual conformación, conminó a la provincia a garantizar la autonomía municipal según lo establecido en los artículos 5 y 123 de la Constitución Nacional, mediante una formulación genérica y vacía de contenido. Esa exhibición de poder carece de fundamento, ya que la autonomía municipal ya cuenta con reconocimiento en la actual Constitución Provincial, y su marco regulatorio está definido por ley. Por tanto, la garantía requerida pudo haberse resuelto mediante una reforma de la norma instrumental, lo que vuelve insostenible el argumento que justifica la reforma constitucional por la necesidad de consagrar la autonomía municipal. Este fundamento en realidad, no resulta ser más que una mera excusa para justificar el objetivo último de redistribución del poder estatal.
La ley que declara la necesidad de reforma constitucional -texto íntegramente redactado por el oficialismo y a través del cual impuso a los convencionales constituyentes los contenidos que desean incorporar, violando el sentido participativo e independiente del proceso reformista-, en particular, la decisión de modificar los artículos 107 y 108 de la Constitución Provincial relativos a la autonomía municipal, abre interrogantes que aún no interpelan ni a las autoridades de los gobiernos locales, quienes tienen una responsabilidad histórica en este momento, ni a las comunidades destinatarias de tales cambios.
Así, lejos de ser una discusión democrática y plural, el proceso se impone de forma vertical, sin participación real de las comunidades ni de sus actores sociales. La autonomía que se pregona, solo responde a los intereses funcionales de las grandes ciudades como Rosario, Santa Fe o Rafaela, sin considerar la situación del resto de los municipios y comunas, muchos de los cuales carecen de estructura y recursos básicos para asumir nuevas funciones estatales.
Desde nuestra perspectiva, como trabajadoras y trabajadores del Estado municipal y comunal, y como ciudadanas y ciudadanos comprometidos con nuestras comunidades, no podemos permanecer al margen de este debate. La reforma no puede avanzar sin garantizar la participación real de las comunidades involucradas. Nos preocupa profundamente el vacío informativo con el que se promovió la Ley de Reforma y la elección de convencionales constituyentes, lo que se reflejó en una baja participación electoral.
En este sentido, repudiamos toda pretensión de imponer compulsivamente la autonomía a todos los municipios y comunas. Reivindicamos el derecho de las comunidades a decidir democráticamente si desean o no adoptar esa forma organizativa, y exigimos que cualquier proceso de autonomización surja del consenso político-social, y no de una imposición que no considere las particularidades de cada comunidad.
