Reforma constitucional, por Carlos José Caffaratti
La reforma constitucional que se propone para la provincia de Santa Fe, resulta improcedente y responde a un carácter democrático amañado cuando, con una mayoría circunstancial y sin debate público, se pretende elegir constituyentes como en una simple elección de medio término.
Aprovechando los vientos libertarios, y desprejuiciados, en relación a la ética pública democrática, el oficialismo santafesino, y sus aliados neoliberales, imponen una asamblea constituyente que, en boca del propio gobernador, busca eliminar “las garantías” constitucionales que protegen a la ciudadanía, tanto de los abusos de poder, como de las desigualdades de nacimiento, y de las posiciones desfavobles que las minorías, y las disidencias, deben enfrentar a diario.
Estamos a las puertas de una nueva estafa al estado democrático, donde una mayoría real, pero absolutamente circunstancial, definirá una Constitución para toda la provincia, para todos los ciudadanos, para toda la vida…
La Constitución provincial debe modificarse, sí, pero en dirección a la Constitución Nacional, con el objetivo de afianzar y profundizar derechos, porque es necesario garantizar la igualdad de oportunidades según los estándares de los pactos internacionales, en evolución hacia una sociedad más justa, equitativa y comprometida con el desarrollo del conjunto, y no lo contrario.
Pero, si una Constitución se reforma a espaldas de la población, a libro cerrado, y en un debate limitado entre las cuatro paredes de una asamblea, con constituyentes elegidos como si fuese una simple elección de medio término, resulta una forma no ética y falsamente democrática de conducir los destinos de una provincia.
La diferencia que existe entre una votación que dirime una banca en la Legislatura, en comparación con una elección de constituyentes que redactarán una nueva Constitución, es simple: un diputado o un gobernador, se elige por sólo 4 años, y llegado el fin del mandato, se los puede reelegir o no, según la ley y de acuerdo a la evaluación personal de la coyuntura política, económica y social del momento.
A su vez, tanto un legislador, como el ejecutivo, gobiernan regulados por los otros poderes, con potestad para administrar controles o límites.
Pero una Constitución es diferente, puede durar más de 60 años, como la nuestra (que es de 1962), o toda la vida. Es inapelable. Es la referencia máxima y absoluta que rige el funcionamiento de toda la provincia y la vida de cada ciudadano, por lo que resulta inapropiado modificarla con una mayoría circunstancial.
Es inaceptable modificar una Constitución sin un debate profundo y amplio de la sociedad, en cada rincón de la provincia.
Es antidemocrático modificar una Constitución sin interpelar, escuchar y debatir con las entidades intermedias, con las organizaciones sectoriales productivas y sociales, con las organizaciones de trabajadores, gremios, federaciones, confederaciones, o con las disidencias.
Se está pergeñando una Constitución, sin considerar al pueblo, sin informarlo, y sin permitir las instancias y los tiempos naturales de debate.
El fraude electoral no se da solamente cuando se tergiversa un resultado… también se concreta un fraude democrático cuando no se crean las condiciones para que el pueblo se informe, opine, debata, y madure su propio camino.
Carlos José Caffaratti